Menos del 1% de las aguas internacionales están protegidas

Mapa de áreas protegidas a diciembre de 2016 elaborado por el Instituto de Conservación Marina. MCI

Naciones Unidas carece de mecanismos legales para preservar maravillas naturales en alta mar

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La abogada estadounidense Kristina Gjerde habla con pasión de los mitos y leyendas marcados en los mapas de los antiguos navegantes. Son planos con zonas prohibidas, en las que pulpos gigantes engullen barcos enteros. Pero, a Gjerde, el actual mapa de las aguas internacionales le “asusta más que cualquier monstruo marino”.

La letrada, de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), señala el 64% de los océanos —las aguas que están más allá de las jurisdicciones nacionales— y dibuja una realidad invisible en la que impera la ley de la selva. La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, aprobada en 1982, es, en muchos lugares remotos, papel mojado.

“Para ir a prisión por pescar ilegalmente, primero te tienen que pillar con las manos en la masa. Y las únicas autoridades que pueden arrestarte y llevarte a juicio son las de tu propio país. Si otro país sospecha que un buque español está pescando ilegalmente en aguas internacionales, no se puede detener a la tripulación, así que no existe un sistema efectivo en la actualidad para hacer que se cumpla la ley”, resume la abogada.

Gjerde lucha para que los países de Naciones Unidas firmen un acuerdo internacional sobre la biodiversidad en alta mar, similar al que funciona contra el cambio climático. “Hoy no existe ninguna organización internacional global que pueda designar áreas marinas protegidas en aguas internacionales”, lamenta. Menos del 1% de estos mares sin dueño está clasificado como área marina protegida, según los datos de la UICN. Y este blindaje inusual siempre llega gracias a decisiones de países vecinos que no tienen por qué ser vinculantes para terceros países, como ocurre en zonas preservadas del Mediterráneo.

La abogada ha clamado por la conservación en alta mar en el Congreso Internacional de Áreas Marinas Protegidas IMPAC4, que se celebra en La Serena (Chile) y al que EL PAÍS acude como medio invitado. Gjerde menciona maravillas submarinas desprotegidas, como el mar de los Sargazos, ubicado en el Atlántico en torno a una sopa de algas flotantes; el Domo Térmico de Costa Rica, una zona de 1.000 kilómetros de ancho situada al oeste de Centroamérica en la que bulle la vida marina; y la Ciudad Perdida, una formación de monolitos de carbonato con la altura de un edificio de 18 pisos que se alza frente a las costas de Portugal.

El pasado 21 de julio, recuerda Gjerde, los delegados de Naciones Unidas, en una discreta reunión sin cámaras de televisión en Nueva York, tomaron la decisión de recomendar a la Asamblea General que comience, “lo antes posible”, unas negociaciones hacia un tratado internacional para proteger la biodiversidad en alta mar.

“Naciones Unidas ha pasado una década discutiendo si necesitábamos un nuevo tratado. Ahora están negociando cuándo comenzará el proceso formal de consultas. Cuando empiece, pueden pasar dos, tres, cuatro o cinco años hasta que podamos designar áreas marinas protegidas en alta mar”, lamenta Gjerde.

Su organización, la UICN, está formada por 218 Estados y agencias gubernamentales y más de 1.100 ONG. La abogada sabe que en Naciones Unidas la batalla será sangrienta. “Es un proceso muy político. En la Antártida, hubo una negociación muy dura con Rusia y China para poder designar áreas marinas protegidas a través de organizaciones internacionales de gestión pesquera”, alerta. “Las mayores potencias de pesca, minería y transporte marítimo presionan para defender sus intereses. España, por ejemplo, tiene reputación, en algunos lugares, de no aplicar la ley a sus buques pesqueros. Ningún país es solo bueno o solo malo”, sostiene.

El año pasado, por ejemplo, una jueza de la Audiencia Nacional envió a prisión a seis miembros de la familia coruñesa de armadores Vidal Pego, por la presunta pesca ilegal de merluza negra durante años en aguas antárticas. Los supuestos piratas tardaron 24 horas en pagar la fianza fijada de 600.000 euros. Pocos años antes, recibieron millones de euros en subvenciones españolas a la pesca.

En el congreso de Chile, la oceanógrafa Beth Pike ha agitado el fantasma de la llamada “tragedia de los comunes”, un dilema propuesto en 1968 por el filósofo estadounidense Garrett Hardin. Se trata de una situación en la que los individuos de un grupo, actuando de manera independiente, acaban por agotar un recurso compartido aunque esta desaparición no beneficie a ninguno de ellos a largo plazo, según ha explicado Pike, del Instituto de Conservación Marina, una organización sin ánimo de lucro con sede en Seattle (EE UU).

Los oceanógrafos suelen decir que el fondo del mar se conoce menos que la cara oculta de la Luna. Mauricio Gálvez, jefe de investigación en el Instituto de Fomento Pesquero de Chile, ha subrayado este otro problema: lo que se desconoce no se puede proteger. “En la actualidad, para un país como Chile no hay incentivos directos económicos o sociales para llevar a cabo investigaciones científicas en alta mar”, ha lamentado en una exposición en La Serena.

Gjerde recuerda que es una pelea contra el reloj: “La Comisión de las Pesquerías del Atlántico Noreste monitoriza cada barco pesquero en la región y asegura que ya no hay pesca ilegal en la zona, pero en el Pacífico no hay nadie mirando. Los países no tienen ni el dinero ni la tecnología. Con el nuevo acuerdo internacional, podríamos vigilar los océanos a escala global”.

Fuente: ElPais.com