El modelo de saneamiento generalizado en los países industrializados no acaba de establecerse en el tercer mundo
Guillermo Roqués Valencia
Durante el último siglo el saneamiento de agua, que comprende los procesos de potabilidad de los recursos hídricos, disposición sanitaria, tratamiento de residuos e higiene, se ha convertido en un recurso vital para el desarrollo de los países. Tanto para los más industrializados como en aquellos que están en vías de desarrollo. No obstante los problemas y desafíos a los que se enfrentan son de diferente índole e intensidad según los recursos de que dispongan.
Así, en los países más avanzados se ha procedido a una universalización de este servicio. La fórmula extendida ha sido la de una gestión, en manos de compañías privadas, de un derecho público, basado en la obligación legal de proveerlo. Por ejemplo, en España, el abastecimiento y saneamiento de agua supone uno de los servicios universales básicos cuya prestación deben garantizar los municipios que, a su vez, realizan concesiones a empresas, que intervienen en la fijación de las tarifas y en la recaudación. Además, la mayor parte de las autonomías tienen en marcha cánones de saneamiento, que imponen una serie de restricciones y obligaciones.
La distribución está asegurada, si bien existen todavía diferencias notables entre las grandes ciudades y los medios rurales. En este sentido, la urbanización ha facilitado la implantación del servicio de saneamiento, gracias a la optimización de las redes de distribución y alcantarillado, al mismo tiempo que ha facilitado unas instalaciones más grandes y mejor preparadas tecnológicamente. No obstante, existe una situación paradójica. Ya que, si bien la ciudades son las mejores dotadas para un sistema racional y centralizado en el tratamiento de los recursos hídricos, también suelen ser los focos principales en la creación de residuos.
Además, existen dudas acercan de la proyección de este modelo a núcleos urbanos más alejados y reducidos. Tal y como señalan los informes de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, existe una tendencia general de la importación de los niveles de calidad de vida de las grandes ciudades al mundo rural. Si bien este nuevo fenómeno introduce la incógnita de si se debe proyectar sistemas de saneamiento centralizados para grandes territorios, o sistemas particulares para cada núcleo de población, aunque sea de dimensiones reducidas. En cifras globales, los informes de la Organización Mundial de la Salud, indican un radio de personas con acceso a saneamiento que varía de un 80% en el caso de las ciudades, a un 39%, en el medio rural.
Modelo no exportable
La situación en el tercer mundo difiere cuantitativamente. Según datos de Naciones Unidas, en estos países 2.600 millones de personas todavía no tienen acceso a programas de saneamiento de agua. Asimismo millones mueren de enfermedades relacionadas con la mala calidad del agua, en la que la diarrea es la segunda causa de mortandad infantil sólo por detrás de la neumonía, causando 1,5 millones de muertes anuales en niños menores de 5 años. Falta una mayor supervisión y compromiso. En este sentido, cerca del 90 por ciento del contenido de las depuradoras y el 70 por ciento de los residuos industriales van a parar a canales, afectando de este modo a los suministros de agua potable.
El contexto histórico es también diferente. Mientras en los países industrializados se estableció una colaboración entre el sector público y privado, las trabas políticas y fiscales han dificultado la puesta en marcha de soluciones eficaces, lo que ha generado graves disparidades. En algunos extremos, esto ha llevado a estallidos repetidos de enfermedades infecciosas.
Tal y como señalan informes de la ONU, las ciudades coloniales sólo contaban con este servicio para enclaves elitistas o distritos de clase media. El crecimiento urbano vertiginoso no ha hecho sino que creciesen estas desigualdades, alentadas por unas finanzas públicas pobres, la inestabilidad económica e ineficacia de los gobiernos locales y nacionales. A partir de los años 90 se intentó exportar el modelo de servicio público a países del tercer mundo pero, indican algunas oenegés, esto no ha tenido sino un impacto marginal e incluso negativo.
Para alternativa a este modelo, muchas de estas organizaciones aconsejan dejar de lado los programas de grandes compañías de agua, sustituyéndolas por soluciones locales, basadas en bonificaciones municipales, para la mejora de prácticas y servicios. Se trataría de un proceso que iría en paralelo con la propia democratización del país, en la que se tratase de fortalecer el sector público y afianzar los derechos de los ciudadanos.
Así, en los países más avanzados se ha procedido a una universalización de este servicio. La fórmula extendida ha sido la de una gestión, en manos de compañías privadas, de un derecho público, basado en la obligación legal de proveerlo. Por ejemplo, en España, el abastecimiento y saneamiento de agua supone uno de los servicios universales básicos cuya prestación deben garantizar los municipios que, a su vez, realizan concesiones a empresas, que intervienen en la fijación de las tarifas y en la recaudación. Además, la mayor parte de las autonomías tienen en marcha cánones de saneamiento, que imponen una serie de restricciones y obligaciones.
La distribución está asegurada, si bien existen todavía diferencias notables entre las grandes ciudades y los medios rurales. En este sentido, la urbanización ha facilitado la implantación del servicio de saneamiento, gracias a la optimización de las redes de distribución y alcantarillado, al mismo tiempo que ha facilitado unas instalaciones más grandes y mejor preparadas tecnológicamente. No obstante, existe una situación paradójica. Ya que, si bien la ciudades son las mejores dotadas para un sistema racional y centralizado en el tratamiento de los recursos hídricos, también suelen ser los focos principales en la creación de residuos.
Además, existen dudas acercan de la proyección de este modelo a núcleos urbanos más alejados y reducidos. Tal y como señalan los informes de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, existe una tendencia general de la importación de los niveles de calidad de vida de las grandes ciudades al mundo rural. Si bien este nuevo fenómeno introduce la incógnita de si se debe proyectar sistemas de saneamiento centralizados para grandes territorios, o sistemas particulares para cada núcleo de población, aunque sea de dimensiones reducidas. En cifras globales, los informes de la Organización Mundial de la Salud, indican un radio de personas con acceso a saneamiento que varía de un 80% en el caso de las ciudades, a un 39%, en el medio rural.
Modelo no exportable
La situación en el tercer mundo difiere cuantitativamente. Según datos de Naciones Unidas, en estos países 2.600 millones de personas todavía no tienen acceso a programas de saneamiento de agua. Asimismo millones mueren de enfermedades relacionadas con la mala calidad del agua, en la que la diarrea es la segunda causa de mortandad infantil sólo por detrás de la neumonía, causando 1,5 millones de muertes anuales en niños menores de 5 años. Falta una mayor supervisión y compromiso. En este sentido, cerca del 90 por ciento del contenido de las depuradoras y el 70 por ciento de los residuos industriales van a parar a canales, afectando de este modo a los suministros de agua potable.
El contexto histórico es también diferente. Mientras en los países industrializados se estableció una colaboración entre el sector público y privado, las trabas políticas y fiscales han dificultado la puesta en marcha de soluciones eficaces, lo que ha generado graves disparidades. En algunos extremos, esto ha llevado a estallidos repetidos de enfermedades infecciosas.
Tal y como señalan informes de la ONU, las ciudades coloniales sólo contaban con este servicio para enclaves elitistas o distritos de clase media. El crecimiento urbano vertiginoso no ha hecho sino que creciesen estas desigualdades, alentadas por unas finanzas públicas pobres, la inestabilidad económica e ineficacia de los gobiernos locales y nacionales. A partir de los años 90 se intentó exportar el modelo de servicio público a países del tercer mundo pero, indican algunas oenegés, esto no ha tenido sino un impacto marginal e incluso negativo.
Para alternativa a este modelo, muchas de estas organizaciones aconsejan dejar de lado los programas de grandes compañías de agua, sustituyéndolas por soluciones locales, basadas en bonificaciones municipales, para la mejora de prácticas y servicios. Se trataría de un proceso que iría en paralelo con la propia democratización del país, en la que se tratase de fortalecer el sector público y afianzar los derechos de los ciudadanos.
Fuente: lasprovincias.es
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