«A fin de que desaparezca la extraordinaria y lamentable confusión originada por el hecho de existir, entre los 9.266 Ayuntamientos que constituyen la Nación, más de 1.020 con idénticos nombres», la Real Sociedad Geográfica propuso una reforma de la Nomenclatura geográfica que se plasmó en el Real Decreto de 27 de junio de 1916 refrendado por el conde de Romanones y dado en palacio por Alfonso XIII. El 2 de julio se promulgaba en la Gaceta de Madrid esta disposición que ordenaba el cambio de nombre de 573 ayuntamientos españoles en su preámbulo, aunque la suma de los que refería a continuación era de 566.
Roquetas pasó a ser «del Mar», Moncada sumó «y Reixach», Buitrago el apellido «de Lozoya» o San Fernando el de «de Henares» hace ahora un siglo. «Supuso un hito en el proceso de normalización toponímica en España, puesto que por vez primera el Estado intervenía a la vez sobre la denominación de tan elevado número de ayuntamientos, para evitar confusiones y duplicaciones, reconociendo así la importancia del nombre de lugar como referente geográfico, político y administrativo del mismo», apuntaba Fernando Arroyo Ilera, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, en la IV Jornada de la Comisión Especializada de Nombres Geográficos celebrada en Valladolid en abril de 2015.
La reforma, según resaltaba el Conde de Romanones en la exposición del Real Decreto, había procurado limitar en lo posible las modificaciones, procurando que afectaran al menor número de localidades. Dejaba intacto el nombre a las poblaciones que entonces contaban con mayor categoría administrativa al ser capitales de provincia, cabezas de partido judicial o tenían mayor número de habitantes y variaba el topónimo de las entidades de población con menor número de vecinos, intentando que el calificativo que se le asignaba no fuera arbitrario «sino el que la tradición, el uso o los afectos de cada localidad vienen consagrando y teniendo también presentes los antecedentes históricos».
Villanueva del Conde (Miranda de Ebro), por ejemplo, pasó a llamarse Villanueva de Teba para evitar confusiones con un municipio de Salamanca y adoptó el nombre del Conde de Teba, que según explica el Ayuntamiento en su web, tenía mucha presencia en la comarca.
Carácter de perpetuidad
En la reforma se observó «con especial predilección», sin embargo, que el nombre se refiriera a ríos, montañas, territorios o cualquier particularidad geográfica cercana al Ayuntamiento «habida cuenta del carácter de perpetuidad del accidente que califique y distinga al pueblo de que se trate, a fin de que lleve consigo la casi inmutabilidad de su nueva designación».
Arroyo Ilera explica a ABC que el geógrafo, historiador y escritor «Manuel de Foronda, el auténtico promotor de la reforma, llevaba estudiando el tema desde hacía 10 años». Él mismo contó en el diario La Época del 4 de julio de 1916 cómo «estudiando las etapas recorridas por Carlos V en sus viajes por España, se encontró con un sinnúmero de localidades y poblaciones que llevaban los mismos nombres, y éstos, sin calificativo o añadido alguno que entre sí los diferenciara». El experto, que recibió el título de marqués de Foronda entre otros méritos por esta normalización toponímica, destacaba cómo existían, por ejemplo, seis Villaverde esparcidos por España y otro Toledo en Huesca (El antiguo municipio del valle de La Fueva pasó a denominarse Toledo de Lanata).
«Es un trabajo muy interesante porque pone de manifiesto qué configura un topónimo», considera el catedrático de la UAM.
Aquel fue un «escrupuloso proceso» para concretar el «apellido» de cada nombre, que se realizó «con mucho cuidado», preguntando a cada localidad. Arroyo relata cómo a Santa Cruz de la Serós, en Jaca, se le iba a llamar Santa Cruz del Aragón, pero fueron sus vecinos quienes quisieron hacer un guiño en el nombre al monasterio de las Sorores («hermanas») o de las Serós.
Para Villamanrique, en Sanlúcar la Mayor, Foronda propuso Villamanrique de Zúñiga, como le llamaba Madoz y el Censo de 1857, pero en 1859 el duque de Montepensier compró una gran finca en el término y se prefirió Villamanrique de la Condesa, en honor a la hija de los duques, doña María Isabel de Orleans, condesa de París.
Otro caso significativo fue el de Salinas de Leniz, (hoy Leintz-Gatzaga) en Guipúzcoa. Se pensó en Salinas de la Cuesta, por el desnivel en que está situado, pero finalmente se prefirió recobrar el primitivo término histórico de Léniz que había caído en desuso.
Desde el punto de vista político, la reforma emprendida en la Restauración «fue un ejemplo de oficialización toponímica» al ser promulgada por un Estado liberal unitario, elaborada por instituciones académicas y con escasa participación de los agentes afectados, recoge la Comisión Especializada de Nombres Geográficos (CENG) sobre la conferencia de Arroyo. «Hay que pensar que en aquella época muchos secretarios de Ayuntamiento apenas sabían leer y seguramente el cuestionario que se envió desde Madrid acabó en un cajón», añade el experto. Muchos se enterarían del cambio de nombre en aquel julio de 1916.
Un proceso aún abierto
Pronto se vio la acertada cautela con que se redactó el Real Decreto, al añadir ese «casi» a la deseada inmutabilidad del nombre. Pese a la elevada aceptación de la propuesta (+/- 70%), muchos pueblos reclamaron, obligando a diversas rectificaciones. En diciembre de aquel mismo año de 1916, ABC publicaba las primeras modificaciones que afectaban a Monforte (Alicante), designado como Monforte de la Rambla en el real decreto y finalmente llamado Monforte del Cid; Póveda, que en lugar de Povédola acabó denominándose La Póveda de Soria; o Belmonte (Zaragoza), que cambió el apelativo «de Perejil» por el «de Calatayud».
A esas rectificaciones siguieron en 1917 la de Valverde y Collados, en Teruel, por la definitiva de Collado y Valverde, y la de Cala de la Ametla (Tarragona) por L'Atmella de Mar.
Aún hoy, algunos de los pueblos que se vieron obligados a cambiar de nombre discrepan. Muro, en Alicante, tuvo que añadir «de Alcoy» por este decreto de hace cien años para distinguirse del municipio mallorquín. El cambio se basó en el accidente geográfico más cercano al municipio, el río Serpis también llamado Alcoy, pero aún hoy estudia cambiar de nombre. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana le negó en 2010 quedarse en Muro y ahora baraja otros como Muro de Mariola.
Por el contrario, Villanueva de los Infantes, en Ciudad Real, logró mantener su denominación, haciendo caso omiso a la orden de llamarse Infantes, a secas, para distinguirse de la localidad vallisoletana del mismo nombre.
Estos y otros casos se analizarán en febrero en el congreso que proyecta la Real Sociedad Geográfica con la CENG para celebrar el centenario de «la reforma más importante hasta la normalización lingüística», según Fernando Arroyo.
Fuente: ABC.es
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