miércoles, 17 de diciembre de 2014

Unas de cal y otras de arena.

La migración intrasudamericana ha venido seguida de políticas orientadas básicamente a la regularización y a la inclusión.
El actual fenómeno migratorio regional lo que prevalece y manda es el crecimiento entre los países latinoamericanos.
Honduras, El Salvador y Guatemala apuntan a que se garantice el principio del interés del niño y de no separación de la familia.

Se sabe que América Latina es tierra de paradojas muy complejas. Eso lleva a que en la búsqueda de describir o “entender” ciertos procesos, se caiga en enormes simplificaciones que suelen tener poco que ver con lo que realmente ocurre. Eso pasa con el tema de las migraciones y los lugares comunes al respecto. Por ejemplo, la idea de que los latinoamericanos estarán buscando siempre emigrar masivamente hacia el “mundo desarrollado”. O, alternativamente, la de que la “fuente de todos los males” sería la política migratoria de EE UU.

La realidad da cuenta de procesos multifacéticos, alejados de esas simplificaciones. Veamos dos de esas caras. Por un lado, durante los últimos diez años en buena parte de América Latina el fenómeno migratorio ha sido muy distinto del que imaginan los policías de frontera norteamericanos y europeos. Por otro lado, el hecho simultáneo de la reciente explosión migratoria de menores centroamericanos hacia México, que ha llevado a que en los últimos nueves meses cerca de 52.000 menores no acompañados hayan ingresado en EE UU sin seguir el procedimiento migratorio regular.

Primero lo primero: en el actual fenómeno migratorio regional lo que prevalece y manda —como tendencia— es el crecimiento de la migración entre los países latinoamericanos así como la disminución de los flujos hacia EE UU y Europa. Dentro de Sudamérica más de 1.700.000 personas migraron en la última década por razones laborales. Montos sin precedentes. En varios países los extranjeros residentes aumentaron exponencialmente: en Brasil más del 57% en los últimos dos años (de 961.000 a 1.510.000); en Chile, un 91% en los últimos ocho años; Argentina, por su lado, recibió en estos años a 500.000 paraguayos, 345.000 bolivianos y 157.000 peruanos. Simultáneamente, disminuía la presión sobre la frontera estadounidense. En 2000, 1,6 millones de personas fueron detenidas por la policía fronteriza estadounidense; bajó al 25% (415.000) en 2013.

Lo notable es que esa migración intrasudamericana ha venido seguida, no de xenofobia o persecuciones en los países receptores, sino de políticas orientadas básicamente a la regularización y a la inclusión. ¿Ejemplo para otros lares? Finalmente, en materia de refugiados, el país receptor del mayor número en la región —Ecuador, con más de 60.000 colombianos— cumple apropiadamente su papel en lo fundamental sin poner en marcha políticas xenófobas o de devolución en frontera ha convertido este asunto en asunto mayormente contencioso.

En el otro platillo de la balanza está la llegada de miles de menores no acompañados hacia territorio estadounidense, asunto sobre el cual se ha escrito mucho en los últimos días. Ya los tres países centroamericanos concernidos (Honduras, El Salvador y Guatemala) han anunciado algunas medidas que adoptarían y han hecho propuestas a EE UU. Ellas apuntan a que se garantice el principio del interés del niño y de no separación de la familia. Mencionan, también, la “responsabilidad compartida” de los países de tránsito y de destino.

Esta oleada de menores habría sido estimulada por las cadenas regionales de tráfico de personas que han abaratado sus costos debido a la disminución de la “demanda” dada la caída en el número de personas intentando ingresar ilegalmente a EE UU. Usaron, además, el falso rumor de que vendría luego una “amnistía migratoria” para quienes ya se encuentren en EE UU. El hecho es que las dificultades que ahora tienen las autoridades migratorias para manejar esta ola es como la cereza encima de la torta que evidencia el colapso de la política migratoria vigente.

Frente a ello y la urgencia de su reforma Obama ha sido llevado, finalmente, a tirar la toalla frente a la obcecación republicana. Es de esperar que las medidas ejecutivas que ha anunciado y los 2.000 millones de dólares que el lunes pidió al Congreso contribuyan a paliar la crisis. Mientras, la reforma seguirá pendiente.
Sin embargo, la otra pieza decisiva es la responsabilidad de los países centroamericanos en actuar sobre las causas que permiten que ocurra una estampida así. En especial, la incontrolada violencia e inseguridad en los tres países. En superarlo tiene algo que hacer la comunidad internacional, pero es tarea, esencialmente, de las autoridades nacionales. Tanto en materia de prevención como de persecución del crimen organizado y las pandillas.
Eso sin dejar de considerar, por cierto, los efectos que tienen en la generación de violencia cuestionables políticas globales —como la llamada “guerra contra las drogas”— que han puesto en el disparadero a esos países. No es casualidad que el grito de urgencia en cambiar esa política haya venido precisamente de un presidente centroamericano, el guatemalteco Pérez Molina. En la agenda, pues, hay mucho más que procedimientos migratorios y humanitarios de emergencia. Hay asuntos de fondo que tratar y resolver.
Fuente: ElPais.com

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